¿Qué partido piensa como tú?

«El Estado debería poder limitar por ley el precio del alquiler en las zonas donde la vivienda está más cara.»

Alquilar un piso se ha puesto carísimo en muchas ciudades, y es una de las razones por las que tanta gente joven no puede irse de casa. La ley actual ya permite poner topes en las llamadas «zonas tensionadas» (barrios donde el alquiler se ha disparado). El debate es si hay que mantenerlos y ampliarlos o quitarlos. De hecho, estas elecciones se adelantaron después de que el Congreso tumbara en octubre dos decretos de vivienda del Gobierno.

A favor: Sin límites, los alquileres seguirán subiendo mucho más rápido que los sueldos. En contra: Los topes hacen que los propietarios retiren sus pisos del alquiler y al final haya menos oferta.

Decretos de vivienda (2 de octubre de 2026): a favor PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG; en contra PP, Vox y Junts. PNV y CC apoyaron el decreto contra desahucios pero no el de renovación automática de contratos. El PP promete eliminar las zonas tensionadas.

«Habría que prohibir o limitar mucho que los fondos de inversión y las grandes empresas compren viviendas.»

Los fondos de inversión son empresas que manejan muchísimo dinero y compran pisos (a veces edificios enteros) para alquilarlos o revenderlos y ganar dinero. Unos partidos creen que eso encarece la vivienda para la gente normal. Otros creen que el problema de verdad es que se construye muy poco.

A favor: La vivienda es un derecho básico y no debería ser un negocio para especular. En contra: Espantaría la inversión; lo que hace falta es liberar suelo y construir mucho más.

En septiembre de 2026 Sumar (hoy Frente Amplio) registró una ley para prohibir la compra de viviendas por fondos y empresas. Podemos propone expropiar pisos a fondos para alquiler social. Uno de los decretos tumbados limitaba la compra especulativa hasta 2028. PP y Vox apuestan por más suelo y menos trabas para construir.

«Deberían limitarse con fuerza los pisos turísticos (tipo Airbnb) en las zonas con problemas de vivienda.»

Muchos pisos que antes se alquilaban a vecinos ahora se alquilan a turistas por días, porque se gana más. En sitios como Canarias, Baleares, Barcelona, Madrid o Málaga es un tema muy caliente. Hay quien quiere limitar o congelar nuevas licencias, y quien prefiere que cada ayuntamiento decida y no poner trabas al turismo.

A favor: Devolvería miles de pisos al alquiler normal y bajaría la presión sobre los precios. En contra: El turismo da muchísimo empleo y muchas familias complementan sus ingresos así.

El PSOE propone subir el IVA de los pisos turísticos al 21 %, pero rechazó la moratoria de licencias que planteó Podemos. En Canarias, el Gobierno autonómico (CC y PP) ha impulsado su propia ley para ordenar y restringir la vivienda vacacional.

«La policía debería poder desalojar en 48 horas a quien ocupe ilegalmente una vivienda.»

«Okupar» es meterse a vivir en una casa sin permiso del dueño. Ahora mismo, sacar a alguien puede tardar meses si el caso va a juicio. Unos quieren desalojos casi inmediatos. Otros dicen que muchos casos son familias vulnerables sin alternativa y que el problema se exagera.

A favor: Protege a los propietarios, muchos de ellos familias normales, y da seguridad. En contra: Un desalojo exprés podría dejar en la calle a personas vulnerables sin que un juez valore su caso.

El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 48 horas en sus primeros 100 días. Junts también ha impulsado medidas contra la ocupación. Los partidos a la izquierda del PSOE priorizan prohibir los desahucios sin alternativa de vivienda.

«Está bien dar papeles (permiso de residencia y trabajo) a los inmigrantes que ya viven en España sin estar en regla.»

En abril de 2026 el Gobierno aprobó una «regularización extraordinaria» para unas 500.000 personas que vivían en España sin papeles. Con ella pueden trabajar legalmente y cotizar. Nació de una iniciativa ciudadana que reunió unas 700.000 firmas. PP y Vox están totalmente en contra y la han llevado a los tribunales.

A favor: Estas personas ya están aquí: con papeles cotizan, pagan impuestos y no pueden ser explotadas. En contra: Provoca «efecto llamada» (anima a venir de forma irregular) y se aprobó por decreto, sin votarlo en el Congreso.

Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, pactado entre PSOE y Podemos. El PP propone prohibir por ley las regularizaciones colectivas. El Tribunal Supremo rechazó suspenderlo de forma cautelar, como pedían Vox y la Comunidad de Madrid.

«Los españoles deberían tener prioridad sobre los extranjeros para recibir ayudas públicas, como la vivienda protegida.»

Es lo que Vox llama «prioridad nacional», y ya aparece en algunos pactos de gobierno autonómicos entre PP y Vox. El PP lo interpreta como dar prioridad al «arraigo» (llevar años viviendo en un sitio) y no a la nacionalidad. Otros partidos dicen que repartir ayudas según el pasaporte es discriminatorio y choca con la Constitución.

A favor: Quien lleva toda la vida contribuyendo aquí debería ir primero cuando los recursos son limitados. En contra: Es discriminar por origen: muchos extranjeros también trabajan y pagan impuestos en España.

Vox la pone como condición para pactar con el PP. En abril de 2026 el PP votó en contra de una moción de Vox sobre «prioridad nacional» en el Congreso y defendió el criterio de arraigo; en junio rechazó aplicarla a las ayudas de vivienda.

«Los menores migrantes que llegan solos a Canarias o Ceuta deberían repartirse de forma obligatoria entre todas las comunidades autónomas.»

Cuando un niño o adolescente llega a España sin su familia, la comunidad autónoma donde llega tiene que cuidarlo. Canarias y Ceuta reciben a muchísimos y sus centros están desbordados. Desde 2025 una ley obliga a repartirlos en situaciones de emergencia, pero varias comunidades del PP la recurrieron y Cataluña quedó casi fuera por un pacto con Junts.

A favor: Es una responsabilidad de todo el país, no solo de los territorios a los que llegan. En contra: Las comunidades dicen que no tienen plazas ni dinero y que se les impone sin negociar.

La reforma de la Ley de Extranjería se convalidó en 2025 tras un pacto con Junts que limitó la llegada a Cataluña, y está prorrogada hasta agosto de 2027. Comunidades del PP la recurrieron ante el Constitucional. Coalición Canaria la impulsó junto al Gobierno.

«Las personas que entraron en España de forma irregular deberían ser devueltas a su país, aunque lleven tiempo viviendo aquí.»

Tras la crisis de Ceuta de este verano, cuando más de 60.000 personas cruzaron desde Marruecos en menos de dos días, el control de fronteras está en el centro de la campaña. Vox propone la «remigración»: devolver a su país a los inmigrantes irregulares y a los que no trabajan. Otros partidos prefieren regularizar e integrar, o centrarse en expulsar solo a quien comete delitos.

A favor: Hay que hacer cumplir las normas de entrada y no premiar la inmigración irregular. En contra: Es inviable expulsar a cientos de miles de personas, y muchas ya están integradas y trabajando.

Vox incluye la remigración entre sus condiciones para pactar con el PP. El PP no plantea expulsiones masivas: propone endurecer el control y expulsar a delincuentes. PSOE y los partidos a su izquierda defienden vías legales y regularizar.

«La jornada laboral máxima debería bajar por ley a 37,5 horas a la semana sin reducir el sueldo.»

Ahora el máximo legal son 40 horas semanales. El Gobierno (sobre todo Sumar) quiso bajarlo a 37,5, pero el Congreso lo tumbó en septiembre de 2025. Muchas empresas, sobre todo las pequeñas, dicen que no pueden asumirlo. Los sindicatos dicen que en España se trabaja demasiado y que la productividad ha subido.

A favor: Más tiempo libre y más conciliación sin perder dinero, como ya pasa en otros países. En contra: Sube los costes de pymes y autónomos; debería negociarse en cada sector, no imponerse por ley.

10 de septiembre de 2025: PP, Vox, Junts y UPN aprobaron las enmiendas que devolvieron la ley al Gobierno. El PSOE plantea llegar a 36 horas en 2030.

«Habría que bajar el IRPF (el impuesto que se descuenta del sueldo) a la mayoría de la gente, aunque eso obligue a recortar gasto público.»

El IRPF es el impuesto que te quitan cada mes de la nómina. Bajarlo significa más dinero en tu bolsillo, pero el Estado ingresa menos para pagar sanidad, educación, pensiones o becas. La pregunta es qué prefieres priorizar.

A favor: Con todo tan caro, la gente necesita más dinero disponible, y el Estado debería gastar mejor. En contra: Ingresar menos pone en riesgo los servicios públicos que usamos todos.

El PP promete ajustar el IRPF a la inflación, duplicar el mínimo por hijo e IVA del 0 % en alimentos básicos, y Vox también propone bajadas fuertes. El PSOE y los partidos a su izquierda prefieren subir impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas.

«Los bancos y las grandes empresas energéticas deberían pagar impuestos especiales de forma permanente.»

Con la subida de los tipos de interés y de los precios de la energía, bancos y eléctricas tuvieron beneficios récord. El Gobierno les puso impuestos extra que en principio eran temporales. El de la banca se ha mantenido con otro formato, pero el de las energéticas decayó en el Congreso.

A favor: Es justo que quien más gana en una crisis aporte más para ayudar a los demás. En contra: Frena la inversión, las empresas pueden trasladar el coste al cliente y ahuyenta empresas.

El impuesto extraordinario a las energéticas decayó en 2025 sin el apoyo de PP, Vox y Junts. El PSOE impulsó un impuesto sobre el margen de intereses de la banca que sustituye al gravamen extraordinario.

«Para reducir las listas de espera, la sanidad pública debería derivar más pacientes a clínicas privadas.»

Esperar meses para ver a un especialista o para operarte es uno de los grandes problemas de la sanidad. Una opción es que la sanidad pública pague a clínicas privadas para atender a más gente rápido (se llaman «conciertos»). Otra es invertir ese dinero en contratar más personal en la pública. En los dos casos el paciente no paga.

A favor: Es más rápido aprovechar clínicas que ya existen, y para el paciente sigue siendo gratis. En contra: Se desvía dinero público a empresas privadas en lugar de reforzar la sanidad de todos.

PP y Vox defienden la colaboración público-privada. El Ministerio de Sanidad (Más Madrid, dentro del Frente Amplio) impulsó una ley para limitar la gestión privada de la sanidad pública, con apoyo del PSOE y de los partidos a su izquierda.

«España debería mantener abiertas las centrales nucleares más allá de 2035 en lugar de cerrarlas.»

Las nucleares producen alrededor de una quinta parte de la electricidad de España sin emitir CO₂, pero generan residuos muy peligrosos. El plan oficial es cerrarlas todas entre 2027 y 2035. Tras el gran apagón de abril de 2025 y la crisis energética, en agosto de 2026 el Gobierno alargó la vida de la central de Almaraz hasta 2030, aunque mantiene el cierre total en 2035.

A favor: Dan electricidad estable, ayudan a evitar apagones y no contaminan la atmósfera. En contra: Sus residuos son peligrosos durante miles de años y frenan la apuesta por las renovables.

El PP pide cancelar todo el calendario de cierre. Sumar rechazó la prórroga de Almaraz. En noviembre de 2025 la abstención de Junts frenó por un voto una enmienda del PP para eliminar las fechas de cierre.

«España debe acelerar la transición ecológica (más renovables, menos emisiones) aunque tenga costes para algunos sectores, como el campo o la industria.»

Para frenar el cambio climático, la Unión Europea obliga a reducir emisiones. Eso supone cambios: más energía solar y eólica, coches eléctricos, nuevas normas para el campo... Hay agricultores e industrias que se quejan de que se les exige demasiado y demasiado rápido. Otros dicen que si no se hace ahora, el coste será mucho mayor (sequías, olas de calor, incendios).

A favor: El cambio climático ya golpea a España, y las renovables crean empleo y abaratan la luz. En contra: Las exigencias ambientales encarecen la vida y perjudican a sectores que ya lo están pasando mal.

El PSOE y los partidos a su izquierda defienden la agenda verde y las renovables. El PP pide más flexibilidad con el campo y la industria. Vox rechaza el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.

«La ley de amnistía para los implicados en el «procés» catalán fue una buena decisión.»

En 2017 el Gobierno catalán organizó un referéndum de independencia que los tribunales habían prohibido. Muchos implicados fueron juzgados o se marcharon de España, como Carles Puigdemont. En 2024 se aprobó una amnistía (borrar esos delitos) que ERC y Junts pusieron como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Unos lo ven como reconciliación; otros, como un precio político.

A favor: Ha rebajado la tensión en Cataluña y ha ayudado a normalizar la convivencia. En contra: Rompe la igualdad ante la ley y se aprobó a cambio de los votos necesarios para gobernar.

Aprobada el 30 de mayo de 2024: a favor PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG; en contra PP, Vox, CC y UPN.

«Cataluña debería tener una financiación «singular»: recaudar y gestionar más de sus propios impuestos, como hacen el País Vasco y Navarra.»

Las comunidades autónomas reciben dinero del Estado para pagar sanidad, educación, etc. País Vasco y Navarra tienen un sistema propio: recaudan casi todos sus impuestos y pagan una cuota al Estado. El Gobierno pactó con ERC un modelo especial para Cataluña. Varias comunidades dicen que es un privilegio; Junts dice que se queda corto.

A favor: Cataluña aporta más de lo que recibe y debería poder decidir más sobre su dinero. En contra: Rompe la solidaridad entre territorios: las comunidades con menos recursos saldrían perdiendo.

En septiembre de 2026 el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el nuevo modelo solo con el apoyo del Estado, Cataluña y Canarias. El PP está en contra; Junts solo apoyaría un concierto económico como el vasco.

«Cataluña y el País Vasco deberían poder votar en un referéndum si quieren ser independientes.»

Es lo que se llama «derecho a decidir». La Constitución dice que la soberanía pertenece a todo el pueblo español, así que hoy un referéndum así no está permitido. Algunos partidos quieren cambiarlo o pactar una consulta; otros creen que la unidad de España no puede votarse por partes.

A favor: En democracia, la gente debería poder decidir su futuro votando. En contra: La Constitución no lo permite, y es una decisión que afecta a todos los españoles, no solo a una parte.

ERC, Junts, EH Bildu y BNG lo reclaman; Podemos y parte del Frente Amplio aceptan el derecho a decidir; PSOE, PP y Vox lo rechazan.

«El Estado debería recuperar competencias que hoy gestionan las comunidades autónomas, como la educación o la sanidad.»

En España cada comunidad autónoma gestiona su sanidad, sus colegios y muchas otras cosas (eso son las «competencias»). Algunas personas piensan que esto crea desigualdades, porque no tienes los mismos servicios según dónde vivas, y que duplica gastos. Otras piensan que las decisiones se toman mejor cerca de la gente.

A favor: Más igualdad entre territorios y menos burocracia repetida en 17 comunidades. En contra: Las comunidades conocen mejor sus necesidades; además, cambiarlo exigiría reformar la Constitución.

Vox propone un Estado mucho más centralizado. El PP defiende el Estado autonómico con más coordinación. El PSOE apuesta por un modelo federal y los partidos nacionalistas quieren aún más autogobierno.

«La mayoría de los miembros del CGPJ (el órgano que gobierna a los jueces) deberían elegirlos los propios jueces, y no el Parlamento.»

El CGPJ decide los ascensos y nombramientos de los jueces más importantes. Ahora sus miembros los eligen el Congreso y el Senado, lo que hace que los partidos negocien «sus» candidatos. Estuvo bloqueado más de cinco años, hasta un pacto entre PSOE y PP en 2024. La pregunta de fondo es: ¿cómo se garantiza mejor que la justicia sea independiente?

A favor: Así los políticos no influirían en quién manda en la justicia, como recomienda la Comisión Europea. En contra: Los jueces también tienen ideología y asociaciones; que decida el Parlamento le da legitimidad democrática.

PP y Vox defienden que los elijan los jueces. El PSOE y sus socios prefieren mantener la elección parlamentaria.

«Hay que endurecer las penas a quienes cometen pequeños robos una y otra vez, aunque cada robo sea de poco valor.»

Hasta hace poco, robar algo de menos de 400 € era un delito leve que se castigaba con multa, aunque lo hicieras muchas veces. En 2026 se aprobó una ley, propuesta por Junts, que permite castigar con cárcel a quien acumula varias condenas por hurtos. Es un tema importante en ciudades como Barcelona, donde hay muchos robos de móviles.

A favor: Unas pocas personas cometen muchísimos robos y hasta ahora salían casi impunes. En contra: Es «populismo punitivo»: castiga sobre todo a gente pobre sin atacar las causas.

Aprobada en el Congreso el 12 de febrero de 2026 con PSOE, PP, Vox, PNV, Junts y UPN; en contra Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG; ERC y CC se abstuvieron.

«El derecho al aborto debería incluirse en la Constitución.»

En España el aborto es legal desde 2010 durante las primeras 14 semanas, y el Tribunal Constitucional avaló esa ley. En 2026 el Gobierno propuso escribirlo en la Constitución para que ningún gobierno futuro pueda quitarlo fácilmente. Para cambiar la Constitución hacen falta mayorías muy amplias, así que necesitaría el apoyo del PP.

A favor: Blinda un derecho de las mujeres frente a posibles retrocesos, como ha pasado en Estados Unidos. En contra: Ya está garantizado por ley y por el Constitucional; tocar la Constitución por esto es oportunismo (y para algunos el aborto no debería ser un derecho).

El 30 de abril de 2026 el Congreso rechazó las enmiendas de totalidad de PP y Vox contra la reforma. ERC y Junts permitieron que siguiera adelante, pero no se comprometieron a votarla al final. El PP acepta la ley actual, pero rechaza la reforma constitucional.

«La ley de violencia de género debería sustituirse por una ley de «violencia intrafamiliar» que trate igual a hombres y mujeres.»

La Ley de Violencia de Género (2004) protege de forma específica a las mujeres que sufren violencia de sus parejas o exparejas, porque considera que es una violencia ligada a la desigualdad entre hombres y mujeres. Vox propone cambiarla por una ley de violencia «intrafamiliar» que no distinga por sexo. Es un debate muy presente entre la gente joven, sobre todo en redes.

A favor: Toda víctima merece la misma protección, sea hombre o mujer. En contra: La gran mayoría de asesinatos en la pareja los sufren mujeres a manos de hombres, y eso necesita una respuesta específica.

Vox lo propone. El PP mantiene la ley de violencia de género, aunque en algunos gobiernos autonómicos con Vox se ha usado el término «violencia intrafamiliar». El resto de partidos defiende la ley actual.

«Los jóvenes de 16 y 17 años deberían poder votar en las elecciones.»

Ahora se vota a partir de los 18. El Ministerio de Juventud (de Sumar) propuso en 2025 bajarlo a los 16, como ya ocurre en Austria, Malta o Grecia. A los 16 ya puedes trabajar o pagar impuestos. Hay quien dice que a esa edad todavía no se tiene criterio suficiente, y recuerda que la Constitución liga el voto a la mayoría de edad.

A favor: Las decisiones políticas afectan a su futuro y ya tienen deberes: también deberían tener derechos. En contra: A esa edad se es más influenciable, y la Constitución fija la mayoría de edad en 18 años.

Sumar y Podemos lo reivindican y ERC lo llevó al Congreso en 2016. El PSOE ha votado a favor de propuestas no vinculantes; PP y Vox en contra. PNV y Junts no se han definido con claridad.

«España debería subir el gasto militar hasta lo que pide la OTAN (3,5 % del PIB), aunque haya que recortar en otras cosas o endeudarse.»

Tras la invasión rusa de Ucrania, la OTAN pidió a sus miembros gastar mucho más en defensa: un 3,5 % del PIB (más otro 1,5 % en seguridad). España gasta alrededor del 2 % y Pedro Sánchez se negó a subir más, lo que provocó choques con Trump y con otros aliados. Más gasto militar significa menos dinero para otras cosas o más deuda.

A favor: Europa necesita poder defenderse en un mundo más peligroso, y España debe cumplir con sus aliados. En contra: Es un rearme innecesario que quita dinero a la sanidad, la educación o la vivienda.

El Gobierno mantiene el 2 % para 2026. El PP se compromete con los objetivos de la OTAN. Sumar se opone a aumentar el gasto, y Podemos, EH Bildu y BNG piden incluso salir de la OTAN.

«España debe mantener el embargo total de armas a Israel y endurecer las sanciones por la guerra de Gaza.»

La guerra en Gaza, que empezó tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, ha causado decenas de miles de muertos. En 2025 España aprobó un embargo de armas a Israel: no venderle ni comprarle material militar. Unos piden ir más allá y romper relaciones; otros creen que España se ha aislado de sus aliados.

A favor: No se debería comerciar con armas con un Estado acusado de crímenes de guerra. En contra: Daña la relación con un socio tecnológico y militar y no acerca la paz; Hamás también es responsable.

Decreto de embargo convalidado el 8 de octubre de 2025: votaron a favor todos los grupos salvo PP y Vox (en contra) y UPN (abstención). Podemos lo apoyó, aunque lo calificó de insuficiente.